Gustavo Petro: El dignatario de Colombia
Gustavo Petro ha sido el único dignatario de Colombia, es decir, ha ostentado a cabalidad la dignidad de Presidente de la República. No solo por su nobleza personal y su condición popular, sino por sus ideas, su talante democrático y sus programas es sin duda la excepción a la regla de los oscuros “dignatarios” de los últimos sesenta años: los peores —J.C. Turbay, V. Barco, Pastranas 1 y 2, El Innombrable e I. Duque—; los menos peores —C. Lleras Restrepo, A. López Michelsen, B. Betancur—; o los que a pesar suyo adelantaron algunas reformas pero ante todo defendieron sus intereses —C. Gaviria, E. Samper y J.M. Santos.
Entre genocidios, falsos positivos, estatutos de seguridad, persecuciones, torturas, chuzadas, fraudes en elecciones y demás, los presidentes anteriores se caracterizaron por su mediocridad, en el mejor de los casos, su corrupción, su deshonestidad y la impericia en la administración del Estado. Ni qué decir en lo que se refiere a relaciones internacionales, que solo fue un rubro de expansión de los negocios de los más poderosos. Todos tienen en común su condición oligarca, ajena al pueblo; el desconocimiento de la Colombia real; su servicio en favor de los ricos y, sobre todo, su egoísmo, condiciones mismas del estamento social que se ha mantenido en el poder desde la fundación de la república.
La acción política de Gustavo Petro inició en Zipáquirá como personero y concejal, luego como alcalde de Bogotá, donde se granjeó la animadversión del establecimiento tradicional —sobre todo del oscuro procurador Ordóñez, llamado El Inquisidor—; senador en el Congreso de la República, donde enarboló la bandera de la justicia contra paramilitares y narcotraficantes que, pese a todo, acabaron por permear el sistema; y por fin Presidente de Colombia, prueba de fuego no solo para su gestión pública sino para su vida.
Desde su posesión como presidente, Gustavo Petro intentó llegar a consensos nacionales con las distintas fuerzas políticas y ante todo con la oposición. Así, el primer día de mandato se reunió con El Innombrable, quien no obstante la deferencia, desde entonces en adelante no dejó de atacarle por medios oficiales o subrepticios, reprochándole sobre todo su pasado en la guerrilla Movimiento 19 de Abril, M19, cuyos miembros pidieron perdón a los colombianos y accedieron a la vida civil en 1990.
La mentira de que Petro es todavía guerrillero, repetida una y otra vez por los tendenciosos medios de comunicación, influyó en su mandato e incluso en las elecciones de 2026 en que Iván Cepeda (otra víctima del mote de guerrillero) proponía continuar su proyecto. Ni siquiera la desmovilización de los miembros del M19 o el acuerdo de paz del presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas de Colombia en 2016 han calado en buena parte de la población que persiste en el viejo discurso de un “enemigo interno” que se debe atacar y eliminar.
Como primer Presidente de Izquierda en la historia de Colombia, Petro fue víctima de toda clase de ataques: de las manidas “instituciones” públicas, de los poderes cooptados por los grupos económicos, de tres fiscalías administradas por la derecha más rancia, de las cortes al servicio de los peores intereses, del elitista Banco de la República, de los medios de comunicación de las grandes corporaciones y de numerosos líderes de opinión e “intelectuales” del país alineados con los dueños del poder. Hasta su vida corrió peligro y las amenazas se reprodujeron durante su mandato.
Contrario al juicio de los mercenarios del Derecho que han dominado la discusión pública, durante el gobierno de Gustavo Petro la manida separación de poderes para limitar al presidente fue más radical y pugnaz que nunca. El control oficial se sumó al paraoficial y las estrategias de desprestigio y desinformación —el famoso lawfare que operó con suma eficiencia — incluyeron congresistas abyectos, ministros desleales, jueces y magistrados polarizados o jefes de departamentos y comisiones oficiales dominados por los intereses de siempre. Por eso, el presidente afirmó en distintas oportunidades que tenía el gobierno pero no el poder y ese poder establecido tuvo y tiene en Colombia las más peculiares redes de apoyo.
A pesar de todo, contra viento y marea, el dignatario resistió. A falta de instituciones a su servicio o medios favorables, se ingenió mecanismos de acción política y de comunicación en las redes sociales, la plaza pública, el voz a voz y sobre todo un canal de WhatsApp que le llegara a la gente. Lo que emprendió fue una sutil estrategia de administración y de comunicación con los que más lo requerían: las multitudes subalternas, los pobres, los indígenas, los negros, los trabajadores, las minorías, los marginales (el desdeñado “lumpen proletariado” que en Colombia es legión y visibilizado por pocos), los intelectuales y muchos más ciudadanos que desde hacía años esperábamos una oportunidad así para transformar las cosas.
De modos alternativos, la voz del dignatario se manifestó y se hizo la voz de las multitudes. Aunque al principio algunos no comulgáramos del todo con sus ideas del “capitalismo avanzado” o “reformas con apoyo de las distintas fuerzas políticas” para solucionar los problemas, con el tiempo comprendimos que de lo que se trataba su gobierno era de dar, por primera vez en esa historia oficial de Colombia, dignidad a la gente y a la nación, al pueblo más vulnerable.
En el campo internacional, el presidente Petro denunció el genocidio en Gaza cuando pocos lo hacían. Insistió en ello incluso cuando los precandidatos de la consulta del “centro” —excepto Oviedo y Aníbal Gaviria— lo negaron. Como nadie, predijo que lo que pasaba en el medio oriente era el preludio de lo que podía suceder en la humanidad si no se detenía a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, situación que sin duda estamos viviendo.
En general, Petro denunció la intervención sionista en la geopolítica mundial y fue de los únicos mandatarios que rompió relaciones diplomáticas con Israel a fin de evitar tanto la consumación del genocidio en Palestina como la extensión de su proyecto terrorista al mundo.
El presidente Petro puso así en evidencia el poder israelí en la acción militar del planeta. En tal sentido, hizo públicos los efectos de la industria militar y tecnológica al servicio de las guerras; del software "Pegasus", por ejemplo, en detrimento de la soberanía de los estados y, en especial, de la soberanía colombiana.
La adquisición de ese programa de vigilancia cibernética de la firma israelí NSO Group por 11 millones de dólares por la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPOL), apoyado por recursos de Estados Unidos, para “combatir el narcotráfico y perseguir a capos de la droga en Colombia y México”, fue audazmente desvelada por el Presidente fundando una práctica de transparencia en lo atinente a seguridad nacional.
Por si lo anterior fuera poco, desde el principio de su mandato el presidente Petro fue de los únicos dignatarios del mundo que se opuso a la política expansionista de Donald Trump. Su antiimperialismo le aseguró reconocimiento mundial y, sin duda, la persecución y estigmatización del United States Department of Homeland Security, otra muestra de dignidad en una época de mentiras digitales repetidas sin pudor e IA al servicio de los peores intereses.
Petro habló en escenarios mundiales de la descarbonización, de la desertificación, de la urgencia de proteger el medio ambiente, de las energías limpias y de la necesidad de establecer políticas efectivas con el fin de conservar la especie en el planeta, temas ajenos hasta entonces a los presidentes del mundo y, en particular, a los de Colombia, acostumbrados al poder de los centros, el vasallaje, la complicidad con los poderosos y el silencio. Su referencia permanente a la ciencia y a los peligros de la producción capitalista que no tiene límites cuando de lucro se trata, fueron calificadas de idealismo o romanticismo. Para los grandes empresarios todo eso era locura porque constituía un peligro para sus finanzas.
Lo que el dignatario colombiano buscaba era la subordinación del mercado a la humanidad, las ganancias a la solidaridad y, en últimas, la codicia a las elementales necesidades del ser humano donde quiera que se encontrara.
Como presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York, en junio de 2026 el presidente Gustavo Petro abordó temas coyunturales como la crisis climática, la migración, los riesgos de la inteligencia artificial y lanzó críticas sobre las dinámicas políticas internacionales.
No puede olvidarse la oposición de Petro a la repatriación de ciudadanos colombianos encadenados desde Estados Unidos al país o su férrea denuncia del ataque a los pescadores tomados como narcotraficantes por el gobierno estadounidense, temas que tuvieron exiguo cubrimiento mediático. Tampoco su solidaridad con la familia de Johan Sebastián Durán, el ciudadano colombiano asesinado en Maine por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, o con el activista Beto Coral detenido por esa misma entidad en Estados Unidos por iniciativa del presunto presidente Abelardo de la Espriella.
En varias oportunidades el Presidente afirmó la dignidad de los colombianos y latinoamericanos frente a Estados Unidos, como cuando se produjo la invasión a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro por orden de Donald Trump. Solo por presión de lobistas del imperio y por estrategia nacional se prestó a establecer comunicaciones telefónicas con el dirigente norteamericano y realizar un encuentro personal con él (que demostró entonces y luego el más absoluto desconocimiento de Colombia y Latinoamérica).
Por posiciones comprometidas como las señaladas, Petro fue objetivo estratégico del Proyecto Mercurio, que tiene como fin provocar indignación, miedo e incertidumbre e ideologizar a la comunidad en un solo discurso; del plan Honduras Gate, complot internacional en contra de Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum promovido por Israel, Milei y el United States Department of Homeland Security, que lo sindicó, ademas, como narcotraficante cuando en su mandato se incautaron 2.366 toneladas de cocaína en tres años, un 62% más que el gobierno anterior.
La política ambigua de Washington respecto del tráfico de drogas, que por un lado exige resultados y por otra se alía con narcotraficantes condenados como Juan Orlando Hernández, debe entenderse dentro del viejo imperialismo y el vasallaje tradicional de Colombia y últimamente de la óptica del ataque del presidente Trump al orden mundial que también denunció el dignatario colombiano. Los intereses estratégicos de Washington en este rubro comercial así como en los recursos naturales de Colombia, y en particular los del Catatumbo o Aráuca, explican además la siniestra “labor” de las bases militares en territorio colombiano o la intervención de Estados Unidos en la acción del ejército nacional, la Policía y los organismos de seguridad colombianos. De esto también habló Gustavo Petro en la soledad de su gobierno. No se puede olvidar que en su momento incluso denunció el hecho escandaloso de que la seguridad del Palacio de Nariño en Bogotá fuera competencia de Estados Unidos.
A los ataques globales contra Gustavo Petro debe sumarse la acción de Palantin, la estructura tecnológica y mafiosa que por lo visto ha avanzado en unificar geopolíticamente a un Occidente dominado por los magnates de la guerra y los explotadores de los recursos planetarios. Influir en gobiernos, dominar campañas y definir elecciones hace parte de su poder y de esto muy poca consciencia se tiene entre la ciudadanía. Menos aún entre multitudes doblegadas a la publicidad, los designios de iglesias cristianas o la IA sin control.
Por todo eso, en Colombia, Gustavo Petro buscó darle su lugar al pueblo, a las multitudes explotadas, no solo en su retórica, sino en su gestión. Con sinceridad, se interesó por el bienestar de la gente y desde su inestabilidad gubernamental le transmitió a viva voz tal interés. Habló del agua y la naturaleza; de la descarbonización y los recursos naturales; de las tarifas de la energía eléctrica y de las mafias en las empresas de la seguridad o la salud, temas vedados hasta entonces para los presidentes del poder.
Con paciencia, Petro cumplió una labor pedagógica de actualizar y familiarizar al ciudadano con su contexto y con su historia. Desde Simón Bolívar hasta la Unión Patriótica; desde Juan José Nieto y José María Melo, los presidentes olvidados, hasta las conquistas del presidente Alfonso López Pumarejo; desde la revuelta de los comuneros en el siglo XVIII hasta los movimientos estudiantiles del siglo XXI, sus discursos permitieron que la gente asimilara esa historia de reinvindicaciones y conquistas de derechos populares.
Lo que para muchos fue “verborrea” y populismo, para buena parte de la población fue conciencia e ilustración. Petro no solo tenía en la cabeza la geografía de Colombia, sus problemas y oportunidades, sus potencialidades, sino doscientos años de injusticia e inequidad en la supuesta “república” que presidía. La repetición estratégica de que Colombia es una de las naciones más desiguales del mundo y, a la vez, de que es el país de la belleza y el amor caló hondo en sus ciudadanos. Una antigua teología de la liberación (la de Camilo Torres y los curas revolucionarios) resurgió de sus labios identificando cristianismo y transformación social, fe y revolución social. Paradójicamente, estas ideas no fueron comprendidas por muchos católicos de los que van a misa. Como no comprendieron su amor al prójimo, su solidaridad con los más pobres y los desvalidos y su búsqueda de la paz.
En cuanto a la seguridad —el rubro más cacareado y apropiado por la derecha más reaccionaria—, el gobierno de Gustavo Petro modificó la perspectiva. Si el tema había sido el caballito de batalla de los gobiernos anteriores y, por lo tanto, la justificación retórica de sus astronómicos presupuestos militaristas, el Presidente cambió su perspectiva y buscó una pacificación democrática sin represión social.
Tradicionalmente se le adjudicaban a la Seguridad más de la tercera parte los presupuestos nacionales, lo que en plata blanca significaba compras de armas a Israel (¡otra vez Israel!) y Estados Unidos, enriquecimiento de una élite militar y represión. El derroche presupuestal en fuerzas de contención como el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, o la proliferación de agencias de seguridad de militares retirados que aprovechaban el caos, son ejemplos del problema. Al margen de retóricas, al ciudadano poco le llegaba y le llega aún de seguridad, sobre todo en el campo, en el sector rural y en comunidades apartadas del país.
Con optimismo, Petro impulsó una política de Paz Total a la que se opusieron sin descanso sus enemigos políticos secundados por los “expertos”, los ideólogos del neoliberalismo y los medios de comunicación. Lo bueno de esta política fue que una nueva perspectiva del tema influyó en algunos miembros del ejército, de altos y medios mandos y soldados que se iniciaban en la carrera profesional. En esto fue de gran ayuda el hecho de que el salario policial subió 10% anual, el mayor en 15 años, y se aumentó el salario mínimo a auxiliares de policía y militares. Ni siquiera para el bienestar de la tropa alcanzaba el rubro correspondiente del presupuesto nacional. Apoyar a los uniformados de base e incentivar otras formas de comprender la seguridad eran y son urgentes.
En el mismo sentido, de la mano de instituciones como la Justicia Especial para la Paz, la JEP, durante el mandato del presidente Gustavo Petro se buscó una transformación real en el discurso del poder del Estado en Colombia. Las declaraciones de agentes de la violencia —guerrilleros, militares, paramilitares…— en ese tribunal son un avance en la conciencia nacional de las causas y efectos del conflicto. El reconocimiento de responsabilidad, el perdón, compromisos de no repetición son una senda esperanzadora para Colombia. La oposición a esta Justicia por parte de sectores retrógrados no ayuda en nada a los cambios sociales.
Por supuesto, en los cuatro años del mandato de Petro hubo errores, como darle estatus a las disidencias de las FARC en franca violación del acuerdo de paz o contar con Mancuso y Don Berna como gestores de paz. No obstante, estos lunares no deben oscurecer los buenos propósitos y los avances sociales. Los planes de su ministro de Justicia Néstor Osuna relativos a la urgente descongestión de las cárceles —solo por poner un ejemplo en el campo de la seguridad—, apenas fueron atendidos, pues los medios de comunicación no le dieron la importancia que merecía. ¡Qué urgencia hay en este tema! Miles de personas no pueden seguir hacinadas en establecimientos que no cumplen con el propósito de corrección y enmienda de quienes se han equivocado.
En ese mismo campo, es un hecho que los colombianos todavía carecen de la información suficiente para entender que, como la salud, la seguridad también es un derecho y como tal debe ser administrado y regulado por el Estado, no por oportunistas que lo hacen un negocio. Si muchos celebran el fracaso de la política de Paz Total, deberían recordar el fracaso de la guerra al enemigo interno de los gobiernos anteriores. Como lo he expuesto antes, el negocio de la seguridad ha dependido justamente de la inseguridad y pocos como Petro para intentar cambiarlo, como otros rubros sociales que lo requieren.
Entre otros logros, el gobierno del presidente Petro redujo las cifras del hambre y la mortalidad infantil y materna con acciones del sistema de salud y el ICBF. Y aunque no logró su cometido de sanear el sector de la salud y fueron los ciudadanos los afectados por la falta de servicios o medicamentos, durante su mandato el gobierno intervino las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, y las Entidades Promotoras de Salud, EPS, con el fin de desprivatizar la administración de este derecho fundamental. Era y es evidente el enriquecimiento ilícito de los mercaderes de la salud y el desgreño de la seguridad social en Colombia en beneficio de verdaderas mafias de la salud. Por esta razón, el presidente se esmeró por enfrentar el monstruo, con el altísimo precio que eso significó en la percepción ciudadana. Como con la seguridad, es urgente que la población asuma que la salud no es un negocio sino un derecho y que es necesario reestructurar todo el sector.
Al margen de lo anterior, con una oposición radical, el presidente Gustavo Petro logró la reforma laboral y el salario vital. Subió el salario mínimo y luego, en 2025, subió el salario mínimo vital en un 25%, aumentos sin precedentes en Colombia. Restableció el pago de horas extras y nocturnas y el respeto por dominicales y festivos. Asimismo, el crédito para asociaciones campesinas e industriales creció 263%, favoreciendo a trabajadores del arroz, la leche y el café.
Además, el gobierno del presidente Petro redujo la inflación del 13,8% al 4,82%, cosa que poco les importó al Banco de la República que mantuvo sus tazas de interés y a los multimillonarios del país. Tampoco el hecho de que en su mandato bajó la deuda externa y entre marzo y mayo de 2026 el país disminuyó sus obligaciones internacionales en cerca de 10.000 millones de dólares y la deuda externa pasó de representar el 42% del Producto Interno Bruto a un 25%. La celebración de los fracasos fue simultánea al silenciamiento de los éxitos, cosa que sin duda lamentarán pronto los “líderes de opinión” o los “expertos” financieros. Colombia iba por una vía correcta en la economía, sin perjuicio de los derechos ciudadanos.
Con el mismo objetivo, entre otras cosas, el Presidente impulsó como ninguno la educación superior: modificó de la Ley 30 y aumentó ostensiblemente el presupuesto para universidades públicas. La matrícula gratuita en estas universidades llegó al 97% y se pasó de 597.000 estudiantes en 2022 a 902.000 en 2025. El sueño del Presidente incluía más universidades y menos acción militar, en clara oposición a la tradición colombiana de mantener la ignorancia y la violencia.
Lamentables sin duda fueron los casos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que culminó con las sanciones a los responsables; o los diplomas falsos de la Fundación Universitaria San José otorgados a personas que terminaron vinculadas como funcionarios públicos o contratistas del Estado. Aunque el presidente no puede verificar la minucia de la gestión específica de sus funcionarios, tales descalabros oscurecen su legado y deben advertirse. Como el incremento de extorsiones y amenazas de los grupos al margen de la ley, la explotación minera en perjuicio del páramo de Santurbán o el fracaso del Ministerio de Igualdad. El hecho de que varias veces Petro haya nombrado funcionarios sin la preparación necesaria para el cargo o sin experiencia, como Mauricio Lizcano en el ministerio de TIC y Gareth Sella en el Ministerio de Igualdad, se sumó a la sistemática rotación de ministros perjudicial para su gobierno. El dignatario se esmeró en nombrar representantes de los indígenas y de las comunidades negras y profesores universitarios en cargos de dirección y responsabilidad del Estado con el fin de emprender una honda transformación social, pero la tarea no fue nada fácil y a menudo devino en fracaso.
En todo caso, Petro nunca expropió como vaticinaban sus ignorantes enemigos. Por el contrario, en tres años se gestionaron 601.000 hectáreas fértiles: 401.345 compradas y el resto recuperadas. Contrario a toda previsión, aumentó el capital de agricultores, banqueros, empresarios y su gestión fue reconocida incluso por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Asimismo, contrario a toda previsión, en este mandato Colombia superó los siete millones de turistas extranjeros por año y las divisas por turismo ya superan los USD 10.000 millones anuales, más que el carbón.
En síntesis, durante el gobierno del dignatario Gustavo Petro nunca se menoscabó la libertad de expresión o se restringieron libertades fundamentales (expresión, asociación y protesta), pese a que la oposición y la prensa criticaron al gobierno de forma voraz durante los cuatro años al punto de llamarlo dictadura. Tampoco hubo expropiaciones masivas, ni medios de comunicación cerrados, como preveían sus detractores. No hubo persecución, intimidación o encarcelamiento de opositores políticos, ni ejecuciones extrajudiciales como en gobiernos anteriores, ni vigilancia masiva de la población por organismos de inteligencia, ni manipulación de la justicia para favorecer al gobierno. No hubo restricciones a organizaciones civiles, sindicatos o movimientos sociales independientes ni reformas constitucionales destinadas a perpetuarse en el poder.
A pesar de sus errores, el presidente Gustavo Petro sinceramente se preocupó como ninguno por el destino de la república. Por eso su condición de dignatario fue una realidad. Acaso con el paso del tiempo todas estas cosas se olviden, acaso el triunfo de una derecha recalcitrante empiece la labor de negación y olvido de este periodo presidencial y poco a poco hasta adeptos oportunistas del Pacto Historico lo abandonarán; a pocos les gusta estar con el perdedor y perdedores en estos tiempos son los hombres dignos.
Quien esto escribe puede afirmar con total consciencia que el gobierno de Gustavo Petro Urrego fue el más esperanzador para quienes durante siglos solo vivimos la exclusión, la explotación y el rechazo.
Durante los cuatro años que concluyen en 2026 una multitud adquirió entidad política y dignidad y eso no podrá olvidarse a pesar de políticas contra la memoria, la manipulación mediática y la represión.
Dudo que en otros doscientos años llegue alguien como el dignatario Gustavo Petro a la presidencia de Colombia.
¡Gracias Gustavo Petro por darnos dignidad!