Las empresas de seguridad de la falsa seguridad en Colombia

Los corruptos permisos a oficiales del ejército para crear empresas de seguridad son una muestra más de la realidad de la política de la seguridad impulsada hace años en Colombia y, en particular, en el siglo XXI por El Innombrable. Desde el siglo XX y, en particular, desde el 2002, se ha convencido a los colombianos de que una supuesta seguridad —fundamentalmente la de la propiedad privada— es la panacea que soluciona todos sus males, desde el hambre o la ausencia del agua potable en buena parte del país hasta la ineficacia de la justicia o el dominio fatal de la élite corrupta.

En los últimos años, el paquete de la seguridad a cargo de empresas dirigidas por oficiales del ejercito, en servicio o retirados, es el rubro fundamental del mismo discurso y está rotundamente blindado. La Ley 245 de 1995 estableció los requisitos para obtener licencias de operación de empresas de seguridad y el Decreto 356 de 1994 reglamenta los requisitos técnicos, operativos y de personal, así como los tipos de servicios de vigilancia y seguridad privada al que deben ajustarse los ciudadanos. Más recientemente, la Resolución 3588 de 2018 establece normas para el control y supervisión de estas empresas por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que es como un himno a la bandera. Las empresas de seguridad en Colombia facturaron aproximadamente $6.440 millones de pesos en 2024, lo que representa un crecimiento del 7.6% respecto al año anterior y semejante suma llegó pulpita a muy pocos bolsillos. Esto sobre la base de que el presupuesto general de Colombia para 2024 fue de $502.6 billones, de los cuales al sector de defensa se le asignaron $59,3 billones de pesos, que corresponde al 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Dinero y más dinero para las mismas arcas.

Obligar a la población a contratar las agencias de seguridad creadas por “especialistas de la seguridad” garantizó el éxito del negocio. El monopolio de La Seguridad está ante todo en manos de esos militares o de quien ellos a su arbitrio deleguen para la tarea. En efecto, las normas acabaron de tajo la contratación de “celadores” particulares —esos hombres que hacía años desempeñaban la labor, entre material y psicológica, de ofrecer seguridad en edificios, barrios y ciudades del inmenso país. Pagando un sueldo mínimo a multitud de hombres, sobre todo jóvenes, de precaria condición, y asegurando la prestación de su “servicio” por más horas de las que la antigua ley establecía (la Ley 100 aseguró lo suyo), el negocio de los proveedores especializados de “seguridad” aseguró eso sí esos altísimos rendimientos.

El monopolio de la Seguridad en manos de oficiales del ejército, efectivos o retirados, y sus intermediarios, asegura miles de millones de pesos que no pueden desdeñarse en aras del bienestar real de la población o de una estúpida idea de democracia. No pueden existir empresas que se dediquen a la materia de la Seguridad que no hayan obtenido esos permisos oficiales y los particulares tienen que contratar personal de esas oscuras compañías para su protección.

En un post del 17 de noviembre de 2017 titulado “Costumbres de provincia: la seguridad en Colombia” denuncié por primera vez algunas aristas de este escabroso tema. En él señalaba que la ausencia de seguridad por parte del Estado, teóricamente incapaz de garantizarla por falta de recursos, podía ser en realidad una situación deliberada: quienes estaban obligados a “proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos” no ejecutaban su labor puesto que su negocio consistía justamente en vender la ansiada solución al problema de la inseguridad. El círculo vicioso se repetía sin cesar y nada solucionaba la zozobra y el miedo al peligro en la población.

Ahora, ocho años después, en medio de la política oficial de la Paz Total, sale a la luz pública el hecho de que oficiales del ejército corruptos crean compañías “legales” para lucrarse indebidamente con la cacareada Seguridad. Así, fueron capturados los representantes legales de tres empresas de vigilancia que, según explica el Presidente Gustavo Petro, funcionaban como fachadas para entregar carnés a organizaciones criminales, entre ellas estructuras vinculadas a alias “Terror”, del Clan del Golfo en el Magdalena Medio, y alias “Pichi Belén”, de la organización criminal conocida como La Oficina. El presidente lo sintetiza en un breve post de su canal: “En la captura de escoltas oficiales presentes en donde están los bandidos que se capturan, hemos distinguido varias de estas compañías legales al mando de criminales.”

En este breve y mal redactado informe el Presidente advierte lo sucedido y critica a sus críticos: “El negocio ha sido suspendido en mi gobierno y por eso reaccionan. Son miles de millones de pesos de sobornos que se detuvieron para frenar el uso del estado para el paramilitarismo.” Desde su punto de vista: “En el gobierno de Duque, la entrega de permisos legales a criminales fue masivo. El negocio se intentó perpetuar pero lo detuve.”

Desde luego, sorprende la confusión en la críptica explicación del hecho, tanto como el personalismo con que el Jefe del Estado se atribuye la coyuntural y tardía solución al problema de la administración de la Seguridad por parte de oficiales corruptos del ejército. ¿Captura de escoltas oficiales presentes en donde están los bandidos que se capturan? ¡Vaya sintaxis! ¿Miles de millones de pesos de sobornos que se detuvieron para frenar el uso del estado para el paramilitarismo? ¡Vaya relación! ¿Más de tres años en el poder le permitieron a Petro, en persona, darse cuenta del problema? Las dudas respecto de su comunicado son muchas y por supuesto las aprovechan sus enemigos de los medios de comunicación afiliados todavía a los discursos tradicionales que les reportan ganancias.

Por lo que difícilmente se entiende de esa nota presidencial, hubo una diligencia de captura de oficiales del ejército con la ayuda de sus escoltas. Lo más confuso del asunto, sin embargo, es que tal diligencia tenía como objetivo detener a esos oficiales a quienes sobornaban otros delincuentes y con ello dar un golpe al paramilitarismo. En tal lance, se revelaron las peculiares relaciones entre los militares y la Policía, entre los militares entre sí, entre los militares y el hampa y entre ese colectivo y los paramilitares. Todo un entramado que, por supuesto, para los detractores del Presidente es obra de las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC, guerrilla a la cual, desde hace años, se le adjudican todos los males del país.

Para El Tiempo, quienes favorecieron la captura de los oficiales corruptos son infiltrados de esas disidencias de las FARC: el general Juan Miguel Huertas, actual director del Comando de Personal (Coper) del Ejército, que fue llamado a calificar servicios en noviembre de 2021 bajo el gobierno de Iván Duque, pero luego reintegrado en julio de este año por el presidente Gustavo Petro y por lo tanto suscita resquemores. Según el diario, este general puede tener nexos con esas disidencias y, en particular, con el jefe guerrillero, alias Calarcá, a quien habría filtrado información sensible de las Fuerzas Militares. Tal hipótesis fue planteada nada menos y nada más que por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según Infobae, y complejiza aún más lo ocurrido en la diligencia de captura de los criminales al punto de llevarla al campo de las difíciles relaciones de Colombia con Estados Unidos. En efecto, en un momento en que estas se encuentran en conflicto por la clasificación del presidente como narcoterrorista vinculado con el Cartel de los Soles de Venezuela nada más fácil y aparentemente lógico que vincularlo a él y a sus colaboradores con las FARC y dejar de lado el asunto del destino ilegal de recursos captados entre el pueblo para la consolidación de las compañías de la seguridad de algunos oficiales del ejército que poseen empresas dedicadas a la seguridad.

Por su parte, según informe del periodista caleño Kevin Mauricio Martínez en El País, “la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)… abrió nuevos (sic) procesos disciplinarios contra Wilmar Mejía, [funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que también participó en la operación reseñada por el Presidente]. Según esa entidad, “se dio apertura de una investigación interna contra Mejía, que es conducida por la Dirección de Contrainteligencia; además de otra “averiguación independiente liderada por la inspectora general de la DNI y quien es nombrada directamente por el Presidente”. La entidad insistió, valga la aclaración, en que “no se dieron las órdenes y tampoco existe trazabilidad alguna que indique que el funcionario haya participado en las reuniones que se le atribuyen en Venezuela”. La deficiente redacción, como en el comunicado presidencial, da cuenta de la “objetividad” en la noticia y la dificultad para un lector cualquiera para entenderla.

En el mismo artículo, Martínez afirma: “En el informe revelado por Noticias Caracol, Mejía es señalado por los mismos disidentes de “Calarcá” de compartir información militar sensible con esa organización, aprovechando su alto cargo en la entidad y su cercanía con el presidente, Gustavo Petro.” Y con esas fuentes tan fiables, el comunicador agrega: “Además de la investigación del DNI, la Procuraduría también abrió indagación contra el general Huertas y Mejía ante el escándalo de presuntos nexos con las disidencias”.

Ante ello, el Presidente Gustavo Petro asegura que los oficiales Huertas y Wilmer solo “ayudaron a identificar oficiales del ejército corruptos”. Así, casi cuatro años después de asumir el gobierno de la república, él mismo llega a la conclusión de que existe esa corrupción generalizada en el sistema privado de seguridad. “Varios casos como el robo de armas al ejército en La Guajira —agrega— y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad, es gracias a eso”.

Al respecto, se puede hacer, entre otras, esta incómoda pregunta: ¿Por qué el presidente establece esta última relación entre robo de armas y empresas dedicadas a la seguridad? La información del Presidente en este apartado genera nuevas suspicacias en los medios de comunicación que son generosos en ellas. Suspicacias que alimentan día a día los medios oficiales.

Por mi parte, aventuro aquí una respuesta que también aparecía en mi primer artículo sobre este tema: el monopolio de las armas del Estado por parte del ejército y la habilidad de algunos oficiales para apropiárselas y destinarlas a otros fines distintos a la seguridad pública es lo que ha asegurado por años, si no siglos, el beneficio para esos oficiales y sus cómplices. Lo del presidente Petro sería entonces solo el descubrimiento del agua fría, o por lo menos su difusión tardía.

Por años, los militares y la Policía aprovecharon su condición y su administración de las armas para desarrollar sus negocios particulares, incluida —quién lo creyera— la venta de estas a los paramilitares o a las guerrillas. De esto varios teníamos conocimiento. No era ni es un secreto el desarrollo de diversos negocios en torno a la seguridad, incluido este, y tales oficiales tampoco se avergüenzan demasiado del asunto o siquiera lo esconden. Por el contrario, algunos se enorgullecen de emprender actividades ilegales para favorecer a ciertos intereses económicos y obtener beneficios que redundan en la paradójica seguridad. La situación inspiró mi cuento “Parqué”, donde evoco al famoso general Rosso José Serrano Cadena que por estas vías ofreció tan “loables servicios” a la patria.

Lo que más sorprende, sin embargo, de este último comunicado del presidente Gustavo Petro es que para él “los informes de inteligencia sobre estos agentes [Huertas y Wilmer] son falsos”. “Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos.”

Desde su privilegiado punto de vista actual, personalizando la justicia, el presidente Petro señala a Inteligencia como parte del engranaje de la corrupción. Una corrupción que se extiende a la CIA estadounidense.

En efecto, conforme con el diario Demócrata, “El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado que es la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la entidad que está detrás de las informaciones que vinculan a funcionarios de seguridad del Estado con las disidencias de las FARC comandadas por ‘Calarcá’. [La CIA] «Tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo a los intereses del Gobierno de su país».” Todo mediado por los narcotraficantes. “«A la CIA también la engañan», ha afirmado Petro, quien ha explicado que «la alta corrupción» que existe en Colombia fruto del narcotráfico hace que muchos dentro de las Fuerzas Armadas utilicen los recursos del Estado para apartar a quienes sí representan un peligro para «sus actividades criminales». En tal sentido sustenta su defensa de Huertas y Wilmer, objetivo que en su lógica exige la solidaridad del pueblo.

Para el caso, debe recordarse que el Presidente Gustavo Petro establece, como en otras oportunidades, la brecha que persiste entre su gobierno y el poder. Tal perspectiva supone ni más ni menos que Inteligencia no está subordinada al Presidente de la República pues, en realidad, Estados Unidos gravita sobre ella y sobre las instituciones colombianas para perjudicar no solo a este gobierno sino los intereses del país. “Que coincidencia —dice en el comunicado del 25 de noviembre— que ahora denuncien a quienes vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la fuerza pública.”

Para quien esto escribe, y tal como he señalado en múltiples ocasiones y medios, la militarización del Estado colombiano y la intervención de Estados Unidos en el país son verdades de Perogrullo. Lo nuevo, si fuese el caso, serían los vínculos denunciados por los medios entre miembros del ejército con la guerrilla, esto es, las disidencias de las FARC, que ponen en entredicho la acción del presidente y de Huertas y Wilmer. ¿Con qué objetivo lo hacen? Difícil precisarlo pero admite hipótesis en medio del agreste campo de la oposición.

Por años, con el concurso de Estados Unidos han sido los militares, y aquí los altos mandos, quienes han detentado el poder en Colombia, incluso fortaleciendo una lógica absurda de fortalecimiento de las fuerzas subversivas pues estas justifican su legitimidad y la consecuente inversión oficial en la institución. Así lo demostraron desde la llamada Violencia en Colombia en los años cincuenta del siglo XX, durante el funesto Estado de Sitio de Julio César Turbay Ayala o, entre otras numerosas oportunidades más, en el caso del Holocausto del Palacio de Justicia de 1985 del que he hablado en múltiples oportunidades. Incluso mi novela El Innombrable se inspira en este constante hecho histórico y en particular en lo ocurrido durante la Huelga general de 1977 contra el gobierno de Alfonso López Michelsen, presidente oscuro que fortaleció el militarismo, el poder de los Estados Unidos en Colombia y el narcotráfico. En ella son los oficiales de las reputadas fuerzas armadas quienes detentan el poder con el apoyo de Washington y atacando obsesivamente a la guerrilla.

Desde tal perspectiva, la denuncia de mi novela El Innombrable empieza así:

“¡Es hora de tomarse el poder!

Las palabras retumban en su cabeza. Una y otra vez.

Ninguno se atreve a pronunciarlas, pero no hace falta. Él lo sabe. Tienen que actuar ya.”

De lo que trata esta novela de 2021 es del poder y El Innombrable, el personaje principal de la narración, un militar, no está dispuesto a cederlo a ningún político. Tal lógica rebasa, claro, el mundo literario para corresponder a la realidad histórica.

Lo ocurrido en 1977 en Colombia es solo un espejo de lo que aconteció en años más recientes cuando el llamado “estallido social” puso en evidencia la ignominia del gobierno de Iván Duque que otorgó facultades extraordinarias a los militares para sofocar las reivindicaciones del pueblo. Contexto en que, por demás, se otorgan las licencias masivas para la creación de empresas de seguridad por parte de oficiales del ejército.

En estas circunstancias se entiende el comentario del presidente Gustavo Petro respecto de lo ocurrido en relación con la captura en que resultan implicados los altos mandos militares y a renglón seguido con su propuesta para Colombia: “Todas las agencias de inteligencia deben hacer públicos sus informes en el tiempo prudencial. Los lazos entre oficiales del ejército y la policía deben cortarse de inmediato; la contrainteligencia es para detectarlos y no para hacer uso político de la información.”

En efecto, en una democracia real es necesaria la publicidad de los informes de Inteligencia, y a la mayor brevedad, pues esto garantiza las pautas de transparencia y justicia del sistema. Lo mismo que la distancia entre oficiales de las dos fuerzas armadas del Estado, el ejército y la policía, en aras de garantizar la eficacia de su labor verdaderamente aseguradora del bienestar social. Asimismo, el trabajo de contrainteligencia, que para los ciudadanos comunes es un mundo desconocido y por lo tanto ajeno, debería conservar sus objetivos nacionales de soberanía e independencia y, sobre todo, mantenerse al margen de la política. Vincular una investigación penal con una estrategia imperial de corte colonial resulta tan perjudicial para Colombia como desvirtuar la acción de la justicia sobre los monopolios de la seguridad. Estos no se sustentan solo en las licencias para compañías particulares sino en un entramado material que incluye al sector financiero o los medios de comunicación que lo legitiman. La rentabilidad del crimen tanto como la desviación de la atención mediática hacia otros frentes de investigación responden a un objetivo espurio. En general, toda información sobre seguridad debería ser verificada por los distintos poderes, transmitida y evaluada por los ciudadanos conforme a los principios de conocimiento e ilustración propios de una democracia de personas libres que pueden concurrir en la acción del Estado. Solo en un sistema coherente y justo puede florecer esta libertad y por lo tanto el desarrollo nacional. Desvirtuar ese sistema o doblegarse al poder de los imperios implica entregarse pasivamente a las leyes del mercado y a la explotación económica de las instituciones públicas en favor de exclusivos grupos de poder. Una Colombia nueva debe romper con los automatismos económicos que tanto daño le han hecho desde su fundación como república y asimilar nuevos relatos liberadores y progresistas. Un servicio fundado en torno a una necesidad no puede ir en desmedro de los derechos elementales de los ciudadanos. La seguridad misma no debe ser un negocio de un grupúsculo corrupto de militares.