Las cloacas del Estado colombiano: Pepes y Rojos en "El día que mataron a mi padre" de Beto Coral

“La historia colombiana está, tristemente, contada por huérfanos que buscan respuestas tras el asesinato o desaparición de sus padres”, señala la contraportada de El día que mataron a mi padre (Planeta, 2023) y justamente este libro es producto de una investigación del activista Beto Coral, hijo del capitán Humberto Coral, uno de los oficiales que participaron en el operativo en que la Policía abatió a Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993 en Medellín. Oficialmente, el capitán fue asesinado en la misma ciudad, el 21 de abril de 1994, en una presunta venganza del hampa por la persecución al capo o víctima de la delincuencia común.

Publicado estratégicamente por la Editorial Planeta Colombiana en marzo de 2023 (cuando el autor era conocido en redes), el libro no solo establece el verdadero culpable del asesinato del capitán, sino ofrece detalles de la operación que terminó con la muerte de Escobar y el origen y acción de los Pepes y los Rojos, grupos paramilitares del Estado colombiano que con la excusa de la persecución al narcotraficante torturaban, secuestraban, mataban, robaban o establecían alianzas con otros grupos ilegales para sacar provecho particular.

El libro saca así, a la superficie, las llamadas cloacas del Estado, el Estado profundo o deep state, es decir, las redes de poder encubiertas y paralelas a las instituciones teóricamente legítimas.

De huérfano investigador a activista político

Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral (Medellín, 1986), estudió Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia y, dado el carácter de sus investigaciones, en diciembre de 2015 tuvo que exiliarse en Estados Unidos. Según explica en su texto “Hablar no es un crimen” (2026), por sugerencia de funcionarios del gobierno norteamericano, en marzo de 2016 solicitó el asilo en ese país. Mientras esperaba la resolución a su solicitud, contó con los permisos legales para permanecer allí y emprender su activismo político. En Arizona desarrolló su canal youtuber de denuncia social y colaboró en medios como Cuarto de Hora, Los Danieles, El Unicornio y Universo Centro.

En junio del 2019, después de haberse conocido el asesinato de la líder social María Del Pilar Hurtado Montaño en Córdoba-Colombia, Coral publicó un video en sus redes donde “acusa al exmandatario Álvaro Uribe, entre otras, de ser el jefe del Clan del Golfo, de las Águilas Negras y de estar detrás de los asesinatos a diferentes líderes sociales en el país. En consecuencia, Uribe interpuso una denuncia en su contra “por supuesta difamación, a lo que la defensa del acusado respondió citando a Uribe a un interrogatorio por parte de las autoridades de La Florida, Estados Unidos, para que el exmandatario respond[iera] por temas polémicos de su vida, que siempre ha evadido en el ámbito periodístico y ante la justicia colombiana” (Pluralidad Z).

Luego de lo anterior, en junio de 2025 Coral denunció penalmente al entonces candidato a la presidencia de Colombia, el abogado Abelardo De la Espriella, por la grabación ilegal de una llamada en el marco de esa querella del ex presidente Álvaro Uribe en su contra, conducta considerada delictuosa en La Florida. Como consecuencia de ello, y de la circulación y comentario de una pancarta publicitada desde una avioneta que sobrevoló las playas de Miami Beach con la insignia “De la Espriella, Saab & Maduro stole Venezuela”, el día 16 de junio de 2026, a instancias de De la Espriella, y por orden de Marco Rubio, Secretario de Estado de Donald Trump, el activista fue arrestado por dos agentes del Homeland Security Investigations, HSI, cuerpo de Policía adscrito al U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). El 14 de junio De la Espriella había anunciado esta detención y luego a través de la red X anunció acciones contra Coral.

Caricatura de Matador que alude a la persecución de que fue víctima el activista Beto Coral.

“Resistan, y no se arrodillen ante nadie. Esta es una muestra de lo que puede pasar si este sujeto defensor de mafiosos llega a la Presidencia”, escribió Beto Coral en su cuenta de X momentos antes de su detención (Revista Pacto). La cuestión fue comentada en detalle por el periodista Daniel Coronell, quien además de defender a Coral —y a quien este le da sus agradecimientos al final del libro— había atacado sistemáticamente a Álvaro Uribe y se ha erigido en un riguroso crítico de De la Espriella (Fb).

A pesar de su impacto, Coral ha intentado evitar el cariz internacional y político de sus circunstancias: “Nunca he participado en activismo relacionado con la política interna de los estados Unidos ni me he involucrado en asuntos relacionados con el gobierno de Donald Trump. Mi trabajo siempre ha estado enfocado en temas relacionados con mi país” (2026).

No obstante su afirmación, es un hecho que el activista ha tocado los límites diplomáticos entre los dos países en un momento de peculiares vaivenes políticos. Por tal razón sufrió la acción policiva de ambos; sobre todo con Donald Trump en el poder y la llegada a la presidencia de De la Espriella. Tanto es así que en julio de este año 2026, luego de más de un mes de estar detenido en Luisiana y otros estados, se vio impelido a firmar una salida voluntaria, es decir una “autodeportación”, singular mecanismo de expulsión de extranjeros del gobierno norteamericano. Entonces, con el apoyo del gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, regresó a Colombia, donde mantuvo una postura crítica en el debate político y dio su respaldo al sector político del Frente Amplio y a Iván Cepeda, decisión que correspondía del todo a su trayectoria: si en 2022 había intentado obtener un lugar en el Congreso pero debió “renunciar debido a la persecución política y judicial que viene sufriendo por parte del expresidente Álvaro Uribe y que le impide salir de los Estados Unidos” (Pluralidad Z), en marzo de 2026, bajo el aval de la coalición Frente Amplio, de nuevo se postuló a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de los colombianos en el exterior. Aunque no logró la curul, persistió en sus denuncias y, entre otras cosas, cuestionó la gestión inicial de Abelardo de la Espriella como presidente de la república.

Ante la imposibilidad de volver a su lugar de residencia, Estados Unidos, o vivir en la Colombia de Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella, Coral se refugió en España.

La denuncia de El día que mataron a mi padre

Hablar de impunidad y de las cloacas del Estado es hablar de la naturaleza misma de un Estado. Para el caso de Colombia, según la investigación de Coral, implica no solo la ausencia de responsables del homicidio del capitán Coral, sino el hecho de que grupos ilegales denominados los Pepes y los Rojos contaron con el apoyo de sucesivos gobiernos para ejecuciones como la que investiga; todo en detrimento evidente de la población e, incluso, de sus oficiales de Policía. Así se puede concluir a partir del análisis del libro.

Los Pepes: Perseguidos por Pablo Escobar

“Del presidente Gaviria para abajo, todos fuimos Pepes” es la afirmación de Carlos Castaño, aliado de Pablo Escobar y luego paramilitar, que sirve como epígrafe de El día que mataron a mi padre.

Para Castaño, los Pepes identificaban a todo un colectivo al margen de la ley, incluido el presidente de la república, César Gaviria Trujillo (1990-1994). Así lo explica Coral: “Los Pepes fueron el primer grupo paramilitar oficialmente fundado, reconocido y apoyado por el mismo Estado. … El enlace con el gobierno era el mayor Danilo González, él era el encargado de llevarle las razones de los Castaño al propio presidente Gaviria, quien, según don Berna, autorizó utilizar todo tipo de método violento para dar de baja al jefe del cartel de Medellín (subrayo mío). El mayor Danilo González [sospechoso del crimen del capitán Coral] también fue encomendado por el propio Vicente Castaño para reunir fondos, hombres y armas a través de empresarios dispuestos a colaborar en la guerra que empezaba” (143-144); “en realidad [los Pepes] no eran perseguidos sino narcotraficantes que querían monopolizar el negocio de la droga” (40); “exsocios de Pablo Escobar, que decidieron hacerle la guerra y se aliaron con el cartel de Cali, con el Bloque de Búsqueda y el gobierno” (76).

¿Por qué surgieron los Pepes?

Pablo Escobar tenía su imperio y compraba o amedrentaba a todo el mundo, incluido el gobierno y la Policía y ocasionó la creación de ese grupo ilegal “Perseguidos por Pablo Escobar”.

En la década de 1980 Escobar ejecutó distintos atentados y crímenes entre los que se cuentan numerosos secuestros, atentados terroristas, carros-bombas, muerte de candidatos presidenciales, jueces, abogados y por supuesto policías que fueron implacablemente perseguidos por él. Si no lograba por la violencia sus objetivos, compraba a “todos los oficiales, jueces y funcionarios públicos a los que el miedo y la ambición los llevaba a rendirse a los intereses del capo” (87). En 1989 “…el año más violento del siglo pasado en Colombia” (71) ocurrieron varios crímenes en los que participó: “…la bomba en el avión de Avianca, el exterminio de la Unión Patriótica, UP, el magnicidio de Galán, más de 200 funcionarios judiciales asesinados, el bus bomba en el edificio del DAS… Y hasta la liga colombiana de fútbol se quedó sin campeón ese año tras el asesinato de uno de sus árbitros por el resultado adverso que a un narcotraficante no le agradó” (88). La cantidad de secuestros —sobre todo el de Diana Turbay— fue “el detonante para que el gobierno de César Gaviria suspendiera las acciones del cuerpo élite” y creara la unidad antisecuestros Únase, otro grupo conformado por integrantes de la Policía, el Ejército y el DAS y que fueron llamados “los rambos criollos””(98). “Ese fue el nombre que les dieron los medios de comunicación a los integrantes de la Unidad Antiextorsión y Secuestro de Medellín, Únase, el nuevo grupo creado por el gobierno para combatir el secuestro, mientras Pablo Escobar estaba recluido en La Catedral. … La diferencia con el cuerpo élite era que este solo se iba a encargar de combatir el secuestro en Medellín” (101).

Para entonces, la ciudad de Medellín era el centro de operaciones del capo y un lugar de especial atención de Colombia y el mundo y allí se emprendió una política criminal que en breve dio sus frutos. Así lo explica Coral: “En ese momento, el promedio de secuestros en el área metropolitana del Valle de Aburrá era de cinco casos diarios. … En solo meses de actividad, este grupo [Únase] logró disminuir en más de un cincuenta por ciento el secuestro en Medellín y la zona metropolitana. … de las 41 personas rescatadas hasta ese momento, ninguna fue herida o muerta durante las operaciones. … no se toleraba la corrupción interna de uniformados. Así mismo, se les dieron funciones de Policía Judicial a estas unidades…, por lo que se incluyó en los grupos a la Fiscalía General de la Nación. Ese mismo grupo fue al que años después se le conociera como Grupo de Acción unificada por la Libertad Personal o Gaula” (102-103).

Tal acción del Estado —en principio legítima— escondía mecanismos ilegales de aseguramiento de objetivos. Entre otros, Escobar se manifestó por distintos medios en contra de la extradición de ciudadanos colombianos y estaba empeñado en impedirla a como diera lugar, incluso presionando al presidente César Gaviria y a políticos de la más diversa condición. En tal sentido, huelga decirlo, justo en el momento en que se buscaba dar una nueva Constitución a Colombia, presionaba de distintos modos al gobierno y al país para lograr ese objetivo, cosa que al fin obtuvo de un modo paradójico: “el 19 de junio de 1991 …se entregó en la Oficina de Instrucción Criminal de Medellín y una hora más tarde fue aprobada la no extradición de colombianos en la Asamblea Constituyente” (80). Desde entonces el capo iniciaría nuevas formas delictuosas y el Estados mecanismos extremos de ilegalidad.

Recluido en una cárcel llamada La Catedral, acordada con el presidente Gaviria, Escobar no dejó de delinquir. Desde allí se encargó de ajustar cuentas e incluso eliminar a quienes no seguían sus instrucciones o simplemente su voluntad. Su audaz huida de esa cárcel el 22 de julio de 1992 y las nuevas acciones criminales del capo, exigieron la reactivación del cuerpo élite que había creado el presidente Virgilio Barco (1986-1990) años antes. “El presidente Gaviria dio la orden de reactivarlo, “unificarlo y poner en funcionamiento lo que ahora sí, oficialmente, se iba a conocer como el Bloque de Búsqueda” (109), última estrategia del gobierno para acabar con Escobar; así, “… al mando del coronel Hugo Martínez, le ordenaron buscarlo [a Escobar] en todo el Valle de Aburrá” (109) y fue este el caldo de cultivo para la creación y consolidación de los Pepes.

Para Óscar Naranjo —exvicepresidente durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), a quien, curiosamente, Beto Coral llama “Mi general” (111) —como a Fernando Murillo, director de la Interpol y de la Dijín—: “Los Pepes son, probablemente, la equivocación más notoria, visible e histórica que cometimos nosotros en la lucha contra Pablo Escobar. Hubo una especie de desespero de la sociedad, de la institucionalidad, y le pareció legítimo que cualquier persona colaborara” (testimonio en la Comisión de la Verdad, 230). Lo que no puede entenderse como una justificación y menos una atenuación de responsabilidades.

El oscuro proyecto oficial no quedó ahí. Además de los Pepes, surgió otro mecanismo terrible al margen de la ley para favorecer a los delincuentes y perjudicar a los ciudadanos.

La Contrainteligencia de los Rojos

En su entrevista con Naranjo, Coral advierte que el general no está enterado del asunto del capitán Coral. Sin embargo, le informa que los mayores Hugo Aguilar y Danilo González, sospechosos del crimen, pertenecían a los Rojos, “Un grupo de inteligencia que cometió muchas irregularidades y que funcionó de manera independiente al Bloque de Búsqueda” (111). Naranjo calla cuando Coral le pregunta: ¿Y usted cree que ellos tendrían algo que ver en la muerte de mi papá?” (111). El silencio resulta sospechoso y justamente este es el misterio que se aclara en el texto.

De “Valientes, incorruptibles, héroes que decidieron literalmente sacrificar su vida y la tranquilidad de sus familias para combatir la mafia” (85), se llegó a “Los Rojos”, agentes oficiales de Contrainteligencia que tenían como propósito el control y la vigilancia de los proyectos de seguridad y de la acción de los oficiales de policía pero ejecutan las acciones más abyectas. Según Diego Fernando Murillo Bejarano, “don Berna”, el reconocido paramilitar reseñado en un momento dado en la narración: “Un grupo de valientes oficiales adscritos a la Dijín [Dirección de Investigación Criminal e Interpol], que se denominaban los Rojos, estaban dispuestos a continuar en la guerra contra el patrón” (143); y, según el teniente Néstor Eduardo Porras, comandante se la sección séptima de una compañía del cuerpo especial armado, que fue imputado de secuestro y porte ilegal de armas pero busca una rebaja de penas: “… el peor error del gobierno colombiano fueron los Rojos, el grupo destinado únicamente a la inteligencia del bloque que terminaría convertido en el primer grupo criminal legal del estado colombiano (subrayado mío). Era un grupo que funcionaba sin reglas, no pedían autorización para sus operaciones, utilizaban métodos violentos, torturas, secuestros, sicariatos, alianzas con grupos paramilitares. Fueron ellos los creadores de los Pepes y el enlace entre la Policía y el cartel de Cali. El comandante operativo del Bloque era llamado Rojo 1 y el segundo al mando, Rojo 2. En 1989, el coronel Hugo Martínez Poveda era el Rojo 1 y el mayor Hugo Aguilar, el Rojo 2. A su sombra y siendo el eje principal y el alma del grupo estaba el mayor Danilo González … el policía más corrupto que ha tenido la Policía Nacional; fue el autor de más de 200 homicidios en Medellín, el enlace con todos los grupos ilegales, con el cartel de Cali, con los Castaño y los Pepes…. También se ganó la confianza de las agencias de inteligencia internacionales como la DEA y la CIA, y así empezó a estructurar los organigramas de los carteles del narcotráfico y sus principales enlaces” (112-113).

Los Rojos se desenvolvían sin ningún límite ni control y tenían una jerarquía eficiente para sus fechorías. “El comandante de los Rojos era el coronel Martínez y los segundos al mando eran Hugo Aguilar y Danilo González. Las operaciones de estos no eran comunicadas a los superiores y la mayoría eran sin su aprobación; consistían en dar golpes ilegales a las mafias, como el robo de armas, secuestros de familiares de capos, terrorismo, ejecuciones extrajudiciales y sicariatos, que eran adjudicados a las bandas de Pablo Escobar. La respuesta del capo ante eso fue peor: 17 días después de la muerte del coronel Valdemar Franklin Quintero y del candidato [a la presidencia] Luis Carlos Galán, lanzó una oleada terrorista que empezó con el atentado al periódico El Espectador, cuyo director, Guillermo Cano, había sido asesinado tres años antes por el mismo Escobar. Los atentados y la ola de violencia continuaron y el cuerpo élite no funcionaba” (90).

De tal modo, “… tal y como sucedió en 1989 y 1990, el Bloque [de Búsqueda] —explica Coral— volvió a cometer el mismo error; activar a los Rojos, el grupo de inteligencia del Bloque que trabajaba como mercenarios sin regla. … Los Rojos, desafortunadamente, siguieron operando igual, pero con el acompañamiento del mismísimo diablo, los Pepes, en lo que se denominaría Autodefensas Unidas de Colombia” (128).

Para Coral: “La diferencia entre los Pepes y los Rojos es que los primeros eran agentes civiles que de manera ilegal usurpaban las funciones del estado (paramilitares , ya que funcionaban en para-lelo” al Estado), con armas, mecanismos de protección y encubrimiento proporcionados algunas veces por la fuerza pública, y los Rojos eran los mismos agentes de la fuerza pública que se camuflaban como civiles y se escondían tras operativos legales, acciones criminales que de ninguna manera podían ampararse en la autoridad que el Estado les había delegado” (116).

En este marco criminal, el investigador establece el perfil de su padre, el capitán Coral, y el desarrollo de los acontecimientos que condujeron a su muerte.

La muerte planeada del capitán Humberto Coral

Después de una carrera como oficial de la Policía Nacional, el capitán Humberto Coral recibió formación —como un “Rambo” (97)— en la Unidad de Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo, el COPES, y luego por la Drog Enforcement Administration, DEA, y la International Narcotic Enforcement Officers Association, NEOA, en Estados Unidos (abril, mayo y junio de 1990). Esta última entidad estaba a cargo de Joe Toft, que “no estuvo de acuerdo con el sometimiento de Escobar a la cárcel de La Catedral, pues lo veía como una derrota de las fuerzas del Estado ante el criminal. Incluso, años después indicó que se alegró cuando Escobar huyó, ya que sabía que era la oportunidad de darle de baja o capturarlo por acción de las fuerzas del orden” (222). Y aquí, el investigador se topa con las zonas grises de los vinculos de Colombia y Estados Unidos: “La DEA no solo conocía de la existencia de los Rojos y de los Pepes, también los instruía y los entrenaba; muchas operaciones de inteligencia se realizaron de manera conjunta con los hermanos Castaño, en colaboración con los miembros del cartel de Cali” (222). “La DEA funcionaba sin Dios ni ley en Medellín, pero no existe información que pruebe que ellos participaron en operativos ilegales” (222), concluye. Afirmación que debe entenderse dentro del contexto de colaboración de organismos oficiales y de oficiales de policía de los dos países para la persecución a Escobar y, en general, para lo concerniente al tema del narcotráfico, como habría de repetirse posteriormente.

En todo caso, después de su experiencia en Estados Unidos, el capitán Coral se desempeñó como Jefe de Antinarcóticos del aeropuerto El Dorado de Bogotá y, entre otras cosas, “desmanteló una organización que traficaba cocaína rumbo a España y toda Europa. … En ese lapso —precisa el autor— se decomisaron 23,5 kilos de droga” (72) en vuelos de Avianca, a pesar del apoyo de un mayor [sin identificar] que “era el enlace de los narcotraficantes en el aeropuerto para dejarles pasar las mulas” (73) (es decir, todos aquellas personas que buscaban unos pesos o un mejor futuro en Estados Unidos y Europa comerciando con alcaloides).

Más tarde, el capitán Coral hizo parte del Cuerpo Especial Armado, el llamado “cuerpo élite” de la seguridad, compuesto inicialmente por más de 1.500 hombres de la Policía, el Ejército, el DAS, la Fuerza Aérea y la Armada” (89). Este cuerpo, “mejor conocido como el Bloque de Búsqueda” (89), contó con la “ayuda de los Estados Unidos en cabeza de la DEA y la CIA. … Estas agencias se instalaron en la Escuela de policía Carlos Holguín, ubicada en el municipio de Bello, Antioquia” (89), cerca de Medellín, donde se desarrolló una empresa oficial del crimen, una verdadera cloaca del Estado.

Así las cosas, el capitán Coral acaba por hacer parte del Bloque de Búsqueda de Pablo Escobar en Medellín y, en 1991, en medio de un espectacular operativo, participa en la acción que da con el paradero del narcotraficante.

Sin duda, la participación del capitán Humberto Coral en los hechos que llevaron a la captura y muerte del narcotraficante lo expusieron al peligro. Luego de la muerte de Escobar, Juan Pablo Escobar, hijo del capo, anunció la venganza (75) y para todos era posible una retaliación suya y de la mafia en general, lo que podría significar la muerte de quienes habían participado en el operativo. “—..los voy a matar a todos esos hijueputas, yo solo mato a esos malparidos” (75)— amenazó el joven.

Como consecuencia de eso, el capitán Coral solicitó a la Policía en varias oportunidades su traslado, pues era evidente que en Medellín corría peligro. No obstante sus solicitudes, nadie le hizo caso. El día 21 de abril de 1994 fue asesinado en una calle del barrio Olivos de Medellín luego de haber departido con dos personas, una mujer y un hombre, en un bar de la ciudad.

La versión oficial que replicaron los medios fue que el crimen era responsabilidad del hampa, un “cobro de cuentas”, o fruto de un simple atraco. En estricto sentido, luego de superficiales averiguaciones, la investigación se suspendió, el homicidio quedó impune y en el misterio y fue el hijo de la víctima quien se interesó por la verdad de lo ocurrido.

Portada de la revista Semana de mayo 3 de 1994 (No. 626). “Mi papá fue portada. Un recuento de su vida heroica y cómo ayudó a dar de baja al peor criminal de la historia de Colombia. Guardo la edición original como un tesoro”, afirma Beto Coral en su Facebook.

La respuesta de Beto Coral

Beto Coral “Llegó a la verdad indagando con otros policías, un expresidente de la república y antiguos comandantes que en otros días se prestaron para mantener la farsa” (12), sintetiza el periodista Gonzalo Guillén el trabajo. Así, frente a la tesis de que el homicidio de Humberto Coral fue un crimen de la mafia o la delincuencia común, poco a poco se abre paso a la tesis de que fue el propio Estado colombiano por intermedio de “una policía-sicaria”, ejecutó el crimen.

En efecto, Luz Mary Arboleda Mazo, protegida por el Estado y luego enviada al exterior (37), disparó en contra del oficial. “La policía mintió a mi familia —explica el narrador—. … La protegieron y posteriormente la sacaron del país” (37). “La corrupción de la Policía había ganado y enterró así la verdad de lo que fueron los Rojos en ese periodo” (121).

Sobre el tema señala el investigador: “Durante más de veinte años se sospechaba de la responsabilidad de la mujer que acompañaba a mi papá, pero nunca supimos de investigación alguna” (211). “En Colombia, las declaraciones ante las autoridades son tomadas a la ligera y poco se judicializa el delito de perjurio” (209), agrega, y sin duda se refiere al testimonio original y ampliado por la agente Luz Mary Arboleda Mazo que faltó a la verdad y no tuvo ninguna consecuencia. Ella era solo una agente de las cloacas del Estado que tenía como objetivo eliminar al oficial.

Coral explica las circunstancias del crimen de esta manera: “La noche que lo asesinaron se tejió un plan para encubrir a sus verdaderos asesinos. Uno de ellos fue la agente Luz Mary Arboleda Mazo, a la que la Policia protegió durante muchos años. … Desde la llegada en enero de mi papá al Bloque de Búsqueda se tejió un mal ambiente sobre él, sabían que era un oficial íntegro que no se iba a dejar comprar. Lo vieron como un delator que incomodó siempre, sobre todo a los Rojos, ese grupo de criminales con uniformes que se aliaron con el diablo para combatir al demonio y en su camino cometieron crímenes horribles (227).

Además de numerosas pruebas, Coral alude a un testimonio contundente: “Un expolicía retirado, al cual insistí que me dejara escribir su nombre en este libro, indicó que a mi papá lo habían matado otros policías y que todo fue arreglado con la Metropolitana y con el CEA para que ningún otro efectivo interviniera. … El capitán Coral fue el trofeo para los que querían venganza, con ello protegieron la vida de los otros. Sin duda, mi padre fue el conejillo de Indias en ese experimento macabro de venganza” (227-229).

Y precisa: “La noche de los hechos, la Policía Metropolitana de Medellín no emprendió ningún plan de choque o acción para capturar a los presuntos responsables, sorprendió la calma con la que actuaba el teniente Narciso Martínez. No avisaron al comando de departamento, ni mucho menos a la Policía Metropolitana de Medellín. No hay constancia de que en la ciudad se hubieran llevado a cabo retenes de control para poder ubicar a los supuestos asesinos” (212).

De tal manera, desde el punto de vista de Coral: “El crimen fue perfecto”. Y para concluir, respecto del coche que sirvió para perpetrar el homicidio, señala: “Resulta que el taxi [que se usó para el crimen y donde encontraron el arma] había sido robado el 8 de mayo en el barrio Laureles, muy cerca de donde tenía base el equipo de los Rojos del Bloque de Búsqueda…. Pareciera un plan perfecto, en el que se roban un carro para un fin y, luego de conseguirlo, el carro extrañamente aparece sin sus ocupantes y se lo devuelven a su dueño” (215).

De tal modo, el activista Beto Coral revela las estructuras que operan al margen del control judicial y legal mediante la utilización indebida de recursos públicos, aparatos policiales, servicios de inteligencia, medios de comunicación, de extorsión o de persecución a adversarios políticos; son esos medios subterráneos donde se concretan las labores de inteligencia y contrainteligencia vinculados, además, con organismos extranjeros.

¿La inteligencia o las cloacas de un Estado canalla?

Para el autor de El día que mataron a mi padre, aunque el delito ha prescrito, la verdad no. “Unos amenazan de muerte, otros buscan la verdad” (75). “La impunidad no es que alguien no pague por un crimen, la impunidad es que no exista la verdad” (227). De tal modo, su testimonio demuestra que, en efecto, son los huérfanos quienes buscan respuestas y, a veces, con suerte, las encuentran, con todas las consecuencias que tiene el hecho, el exilio, entre otras.

La pregunta que surge entonces es: ¿Puede un estado auspiciar grupos ilegales para perseguir y “eliminar” a los criminales y aún a los propios policías a su servicio y alcanzar así sus presuntos objetivos de seguridad?

Lo deseable sería que toda información sobre seguridad fuera verificada por los distintos poderes y transmitida y evaluada por los ciudadanos. Solo en un sistema coherente y justo puede florecer la libertad y por lo tanto el desarrollo nacional. Desvirtuar ese sistema o doblegarse al poder de los imperios implica sujetarse a la voluntad de quienes ejecutan en directo la violencia y ponen en duda no solo las pautas del Derecho sino la legitimidad del Estado.

Textos citados

Coral, Beto. El día que mataron a mi padre. Planeta, 2023.

“Hablar no es un crimen” (2026). https://www.facebook.com/photo/?fbid=1669578058173594&set=a.349518050179608