La seguridad del Estado brilla siempre por su ausencia y sin duda hay quienes pescan en el río revuelto de la corrupción creando estos mecanismos de reemplazo. El presupuesto militar en Colombia es de unos 24 billones de pesos –más de la tercera parte del presupuesto nacional y un 3,1 % del PIB— y medio millón de “uniformados” no son suficiente para la seguridad.

El título “Cien años de soledad” resume una sensación colombiana de desamparo trascendental, de abandono, de aislamiento, y define nuestra situación histórica como ciudadanos de este país, abandonado de un Occidente ajeno y de una América Latina que le resulta extraña.

Dentro del programa “Adopta un autor” de la Alcaldía de Medellín, tuve la fortuna de serlo por la Institución Educativa José María Bravo Márquez el lunes 28 de septiembre del año anterior, 2015. La profunda experiencia, entre real y surreal, amerita esta crónica y un gran espacio en mi corazón que es el espacio de la esperanza en una nueva educación como motor de cambio social.

El gran abanico de fuerzas políticas debería incluir en vez de excluir, respetar en lugar de eliminar. Esta es la base de la democracia. Si no, para qué se escoge este modelo social.

La exclusión de los civiles, propia de nuestra singular democracia, determinó la culminación trágica de la toma guerrillera ocurrida en 1985 del Palacio de Justicia de Colombia. Si el M19 había iniciado la lucha, el Estado colombiano fue el responsable de la resolución trágica puesto que su objetivo de salvaguardar la vida de todos los colombianos hasta donde le fuera posible no se cumplió. Frente a esta dinámica, que se tornó en regla general, yo reitero con mi maestro Alfonso Reyes Echandía ¡Que cese el fuego!

La Justicia colombiana parece impermeable a cualquier reforma: quienes deberían cambiar estas instituciones requieren su propia transformación sustancial: de ratas del río a seres humanos en una sociedad legal.