¡Qué vivan los estudiantes! Movilizaciones hacia un Paro Nacional
¡El sistema educativo de Colombia es una mentira! La maquinaria no requiere estudiantes sino capital. El objetivo no es la formación de ciudadanos, ni siquiera de gente ilustrada. Lo que hace, ante todo, es adiestrar mano de obra barata para el aseguramiento del modelo de explotación que se está cayendo a ojos vista y solo satisface a los magnates del sistema suministrándoles burros de carga.
Un mundo está derrumbándose: el que conviene a unos cuantos privilegiados en perjuicio evidente de la mayoría excluida. Un mundo que se mantiene gracias a la retórica, la propaganda, la publicidad e innumerables métodos para esconder el predominio del capital sobre las personas. Un mundo que exige a los diferentes frentes populares un alto en el camino para empezar de nuevo: un paro general que evidencie la importancia de los grupos subalternos y la barbarie de los grupos dominantes. El Estado, ese viejo Leviatán, protector de esa minoría, ha revelado su condición de enemigo de los derechos de la gente. En Colombia, los escándalos del ministro de hacienda, el de los “bonos Carrasquilla” que le quitan el agua a los municipios más pobres, y del fiscal Néstor Humberto Martínez, que, junto con su patrón Luis Carlos Sarmiento Angulo, ha aprovechado la corrupción de Odebrecht en la construcción de las vías para la gente, entre otros muchos ejemplos, son síntomas de la crisis. Y ¿cuál es la solución? El imperio de la ley, arguyen los liberales. ¡Fortalecer la democracia!, exclaman los cándidos. Ni de una cosa ni de otra se puede hablar ya. Poco de leyes justas y democracia queda. La república que las sustenta se asoma en harapos por las calles, gimiendo, con miedo de ser descubierta. Basta ver los videos de las manifestaciones populares. Gente exigiendo sus derechos y policía reprimiendo. Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional, ESMAD –¡Vaya nombre!-- atacando las barricadas de estudiantes, banderas de todos los colores y teléfonos celulares. Con denuncias a granel, con evidencias, con verdad, las consignas surgen por todas partes. “¡Hay que ver las cosas que pasan, hay que ver las vueltas que dan: con un pueblo que camina pa´delante y un gobierno que camina para atrás”; “¡Contra el déficit de la educación superior, paro nacional!”; “¡Viva la movilización contra la reforma tributaria y la financiación de las Instituciones de Educación Superior”; “¡Fuerzas militares: asesinos, criminales!”; “¡Uribe paraco: el pueblo está verraco!”. Frente a todo esto, ¿se debe eliminar al mensajero? Los dueños del poder y sus lacayos se quedaron en la retórica del siglo XX, mientras que los que se han dado cuenta de la realidad son tachados de terroristas.
¡Qué vivan los estudiantes porque son la levadura!, cantábamos hace unos años y hoy la metáfora se ha hecho realidad. Los estudiantes y los profesores que los apoyamos somos los mensajeros del fin de un mundo y el nacimiento de otro en su reemplazo. Nos hemos dado cuenta, sobre todo, de la mentira de la educación que le sirve de base: burdo negocio de particulares que se expande al punto de exigir el territorio de la abandonada educación pública superior. ¡El sistema educativo de Colombia, una mentira! La maquinaria no requiere estudiantes sino capital. El objetivo no es la formación de ciudadanos, ni siquiera de gente ilustrada. Lo que hace, ante todo, es adiestrar mano de obra barata para el aseguramiento del modelo de explotación que se está cayendo a ojos vista y solo satisface a los magnates del sistema suministrándoles burros de carga. Este “sistema educativo” –eufemismo de la enajenación— no cuenta ni siquiera con un control efectivo de sus pautas. El Ministerio de Educación –¡otro eufemismo!— es un botín de la burocracia: como las superintendencias o los departamentos administrativos, como la fiscalía o la procuraduría en Colombia. Si hoy desaparecieran estas dependencias pocos lamentarían el hecho. Desde los párvulos hasta los doctores, los estudiantes de Colombia son solo materia prima del capital: los pequeños, que tienen alimentación sobrefacturada (las presas de pollo de la propia Ministra de Educación sirven de ejemplo), los clientes inconscientes de las “universidades”, malls comerciales y lugares de encuentro social, o los magísteres y doctorandos que pagan un título de “universidades prestigiosas” para lavar su pasado en universidades de garaje, que son la mayoría. Hoy la “educación” ha llegado a un punto en que los magnates –y de ellos depende el sistema— solo ven nuevas oportunidades para sus negocios.
En efecto, la privatización neoliberal de todo el sistema ha ganado poco a poco terreno y espera la cesión de los últimos baluartes de la universidad pública para demostrar el “fracaso de un modelo social”. Los medios de comunicación se suman a la labor y denostan lo público en beneficio de particulares que les pagan la pauta publicitaria. Para ellos, el movimiento estudiantil está “liderado por infiltrados de la guerrilla”, por “vándalos inconscientes” que le hacen daño a las instalaciones del transmilenio o al “tráfico vehicular”. Los estudiantes denuncian la situación a través de las redes sociales, pero esos medios –que son fines— se encargan de que el mayor número de ciudadanos esté mal informado. Ya no estamos en los años setenta del siglo XX, pero la masa televisada tiende a reproducir patrones desuetos de comprensión de la realidad. Ahora contamos con registros de la “labor” de unas fuerzas armadas combatiendo al “enemigo” que son los estudiantes, entre otras lindezas del antiguo régimen, pero la televisión repite los discursos de los años setenta sobre el peligro del comunismo. Los fariseos de la publicidad se niegan a entender que hasta en Holanda los estudiantes se movilizan y los Chalecos amarillos ganan terreno en Francia en contra del alza de los combustibles. Allí también el neoliberalismo ha hecho de las suyas y son los jóvenes y los subalternos quienes lo denuncian. En todas partes de este mundo se dejan de financiar aquellos sectores que no pueden defenderse y el Estado sabe exactamente cuáles son. Si hicieran recortes en el presupuesto del ejército, los soldados saldrían a la calle y se tomarían el gobierno.
La manifestación del miércoles 10 de octubre de 2018 por el desfinanciamiento de la universidad pública de calidad fue un primer motor para apoyar la causa. Entonces, una primera denuncia del exceso del sistema fue la chispa que encendió la hoguera: los profesores fuimos atacados alevemente por el sistema tributario (¡pagamos cuatro veces más que los millonarios del país!) y por eso y mucho más se iniciaron las movilizaciones. Empezamos a exigir transformaciones del sistema entero. La situación se recrudeció cuando los profesores Adolfo Leon Atehortúa, exrector de la Universidad Pedagógica y docente en la Facultad de Humanidades; Juan Carlos Yepes, de la Universidad de Caldas; Luis Fernando Marín, de la Universidad del Quindío; y el estudiante José Leonardo Yoldy se declararon en huelga de hambre hasta que el Ministerio de Educación Nacional convocara a una mesa de diálogo para tratar el problema de la educación superior pública. A ellos se sumó un grupo de estudiantes de la licenciatura en biología de la Universidad Pedagógica Nacional que el 24 de octubre inició una huelga de hambre y de palabra.
Por eso y por otros motivos vinculados con la publicidad del régimen, el gobierno –a través de la jefa del inútil ministerio— tuvo que sentarse a dialogar. Los estudiantes llevaron sus propuestas de financiación de la educación pública y los representantes del subpresidente Iván Duque tuvieron que escucharlos. A continuación, el establecimiento fingió que se le daban recursos a la educación. Los rectores de parte de las universidades se sumaron a la parafernalia y firmaron un acuerdo: se prometieron $ 500.000 millones que anunció como dádiva el oscuro Carrasquilla (el de los “bonos del agua”) y sus secuaces del Congreso. En realidad, esa suma era para el año 2019. En Colombia, las universidades públicas desfinanciadas no pueden ni siquiera garantizar el pago de la nómina de los profesores y lo ofrecido era apenas un paño de agua tibia. El déficit de las universidades es de 18.2 billones de pesos y la Universidad de Antioquia necesitaba $ 68.000 millones de pesos solo para terminar este 2018. Como era de esperar, los estudiantes y profesores no se transaron por ese arreglo exiguo y, no obstante la actitud de los rectores, continuaron valerosamente su lucha. El negocio de la educación privada, a través de un programa como “Ser Pilo Paga”, le asegura el ingreso solo a los magnates de la ignorancia. A menos posibilidades de entrar a una universidad del Estado, mayores expectativas financieras para los malls educativos que pululan en el país.
En la manifestación de los estudiantes y profesores del miércoles 17 de octubre se insistió en las exigencias iniciales. Cosa obvia frente al despropósito del gobierno de otorgar al departamento de defensa $ 33,5 billones (para aviones militares, entre otras inversiones para una guerra) y $ 46,8 billones para el servicio de la deuda (¡parte del negocio internacional de entidades como el FMI es cobrar capital e intereses por préstamos leoninos!) del presupuesto general de $258,9 billones para 2019 (¡más de la tercera parte del total!) que se decidía por esos días. Era y es justa la petición de 4.5 billones de pesos para las Instituciones e Educación Superior; lo mismo que la condonación de deudas del anacrónico Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX (nada qué ver con su sigla); el congelamiento de las matrículas de las Instituciones de Educación Superior privadas (de hasta 30 millones de pesos); un presupuesto de 100% a Colciencias (otra paquidérmica entidad que no ejecutó un presupuesto de 1,4 billones el años pasado); el establecimiento de un plan de pago de la deuda histórica de más de 16 billones; y el rechazo al sistema de educación terciaria y el mantenimiento de recursos para el Sistema Nacional de Aprendizaje, SENA (entidad que asegura la división radical de clases en Colombia atacada de antemano). Asimismo, es necesaria la derogación de la Ley 1911 de 2018 por la cual se crea la “contribución solidaria a la educación superior”; no condicionar a las Instituciones de Educación Superior a realizar procesos de acreditación de alta calidad; la derogación de la Ley 1740 del 2014 por la cual “se regula [entre otras cosas] la inspección y vigilancia de la educación superior” y del Decreto 1280 de 2018, por el cual “se reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación”, que resulta otro eufemismo nacional; y, por supuesto, el respeto y las garantías necesarias durante las diferentes movilizaciones (lo que constituye una necesidad daba la evidente represión armada de los movimientos). Estas eran en síntesis las reivindicaciones exigidas.
“Creemos que hemos arribado a un punto en el que se precisa hacer un alto en el camino, para revisar y replantear la Ley 30 de 1992, que no consulta para nada la realidad actual, con el fin de cerrar la brecha entre ingresos y gastos de las universidades públicas. Basta ya de paños de agua tibia, de soluciones cortoplacistas, porque el problema es estructural. Y, como país, debe pensarse y repensarse el modelo actual de educación superior, determinando claramente el rol que deberán cumplir las universidades del Estado, eso sí garantizándole su sostenibilidad financiera. El 20 de octubre era la fecha límite que tenía el Congreso de la República para aprobar el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2019 y es la oportunidad de dar este paso para bien de las universidades, así como de las actuales y futuras generaciones que solo tienen la posibilidad, como la tuve yo, de llegar a ser profesionales ingresando a una Universidad pública, contribuyendo de esta manera a la movilidad social ascendente”, sintetizó el problema Amylkar D. Acosta M., miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ACCE. ¡Exigimos que el presupuesto para gastos militares de 2018, es decir, para la guerra (31,6 billones de pesos, unos 11.000 millones de dólares), se vaya a la educación o a la salud!, reclamaban los estudiantes con meridiana precisión.
Para la manifestación del 8 de noviembre, y ante la avalancha de la mal nombrada Ley de Financiamiento que surgió en medio de este clima de crisis del sistema, las cosas tomaron otro cariz. Frente a ese último esperpento legislativo, en realidad reforma tributaria del gobierno, se unieron otros sectores a la lucha: trabajadores, indígenas y funcionarios de la rama judicial. El aumento en los precios de la gasolina incluso motivó la jornada de protesta. El sindicato de trabajadores de EPM, UNE y Huawei denunciaron en la calle el despido de masivo de trabajadores. Para entonces, Colombia no estaba sola en las luchas populares: desde Argentina o Francia numerosos colectivos manifestaron su apoyo a los estudiantes y en diferentes espacios internacionales el gobierno de Colombia fue abucheado por no transigir frente a tantas denuncias.
En tal contexto, la mesa de negociaciones de estudiantes y profesores con el gobierno se suspendió. Los manifestantes exigieron que el presidente (o subpresidente) Duque se hiciera presente. Basta ya de buscar un camino con sus subalternos, dijeron. ¡Y qué cinismo el del gobierno en ese momento frente a sus políticas!: ¡Que en Colombia no hay plata y por eso la educación pública debe quedar en la inopia y hay que gravar la canasta familiar! La realidad de nuevo se rebela contra la mentira: el 1 % de familias tienen el 21, 6% el ingreso nacional; el Ejército recibe un aumento de 53% en el presupuesto para la guerra; la élite empresarial es infamemente protegida; las zonas francas conservan sus exenciones tributarias; y qué decir del sector financiero: 17 billones de utilidades en 2017 y sigue siendo protegido y “vigilado por la Superintendencia”. Ni qué decir de los capitales ocultos (de los pobres) en Panamá, como los de Carrasquilla o el fiscal Martínez, y la corrupción de los políticos de todas las raleas. El ministerio de Defensa (otro eufemismo) recibe exactamente lo que le recortan al de Educación: tres billones del presupuesto de 2019. ¡Y todos creíamos que empezábamos la era de la paz!
En tal contexto, el jueves 15 de noviembre la represión militar contra una nueva manifestación de estudiantes y profesores quedó grabada o fotografiada. A David Ricardo Lara Rojas, de la Universidad del Rosario Bogotá se lo llevó el ESMAD, y hubo un allanamiento a los campamentos de estudiantes de la Universidad del Cauca, entre otros excesos. La Corporación para los Derechos Humanos de Colombia denunció capturas ilegales en la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Chapinero por parte de la Seccional de Investigación Judicial, SIJIN, de 35 estudiantes que se estaban movilizando. “... vuelvo y le pregunto a la Policía, ¿quiénes son esos 4 hombres que estuvieron hoy todo el día entre la calle 76 y 100, haciendo parte de un escuadrón del ESMAD y Policía en motos no oficiales? ¿Infiltraron la manifestación de los estudiantes para violentarla?”, preguntó la senadora de la Colombia Humana, Ángela María Robledo, en medio de las manifestaciones. Además, quienes seguimos el rastro de las movilizaciones, recibimos la noticia de que el estudiante Camilo Sebastián Rodríguez de la Universidad Nacional fue detenido por la Policía Nacional y fue encontrado muerto y que hubo estudiantes heridos con las balas de goma del ESMAD.
El 16 de noviembre, RT América, de Rusia, reportó las manifestaciones en Colombia y la represión del Estado y el 17 de noviembre el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, se manifestó en defensa de la Universidad Pública en Colombia evocando el Manifiesto de Córdoba de 1918 en virtud de la sociedad que la Universidad no podía seguir siendo el refugio secular de la mediocridad y que la ciencia no tendría que seguir agazapada en el silencio y mutilada por la burocracia. La marcha de los lápices del 15 de noviembre no había sido La noche de los lápices (1986) de Héctor Olivera. Luego del despliegue estudiantil, René Pérez, artista puertorriqueño, manifestó su apoyo al movimiento de Colombia y “Atrévete, te, te, te. Sal a las calles, levántate, únete a este parche, deja de engañarte, que nadie va a financiarte, levántate, estudiante. ¡Qué viva la educación pública en el país!”, cantaron los representantes estudiantiles llamando a la movilización general. Roger Waters (de Pink Floyd) también se solidarizó con los movimientos estudiantiles en Bogotá y numerosos artistas siguieron su ejemplo.
El 28 de noviembre los manifestantes se enfrentaron de nuevo con el ESMAD en la Calle 103 de Bogotá. “Solo podemos decirle a la fuerza pública que nuestra lucha es también por los derechos de ustedes y sus hijos, cada vez que golpeen a un estudiante en las calles sepan que están golpeando sus propios sueños y anhelos de una vida mejor para sus familias, ustedes no son nuestros enemigos, todos somos pueblo y de cada uno de nosotros brota la misma sangre colombiana”, afirmaron los manifestantes. La acción represiva del Estado a través de pueblo armado se mantenía pero no había logrado disminuir el ímpetu del movimiento. Y otros colectivos se solidarizaban con su acción: el Comité de Lucha Obrero y Popular invitó a un plantón en el Parque Berrío de Medellín el 30 de noviembre. “Contra las reformas antiobreras y antipopulares… y por el alza general de salarios”.
Así las cosas, el 13 de diciembre se realizó una nueva marcha y acaso por la gravedad de los movimientos o por la inminencia del fin de año, al fin se logró un acuerdo con el Gobierno para aumentar la base presupuestal de la universidad pública. ¿Qué se logró? Aunque la ley 30 de 1992 sigue incólume y se tienen que atender 636.000 estudiantes con la misma nómina y el mismo presupuesto de esa época, en principio se destinarán más de 4 billones de pesos adicionales para la Educación Superior Pública en el cuatrienio presidencial de Duque. De estos recursos, más de 1,34 billones serán destinados a la base de las instituciones de educación superior públicas. Si se cumple este plan, 61 instituciones de educación superior se beneficiarán. Además de esto, se comprometieron recursos de regalías para las universidades, se proyectó la reforma necesaria al ICETEX, la asignación de excedentes de cooperativas para el funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior, los recursos de inversión a través de Colciencias, la revisión de las pautas de indexación de revistas e incluso se restablecieron las exenciones tributarias sobre los gastos de representación de los profesores.
Tales derechos adquiridos demuestran el impacto que pueden tener los movimientos sociales, aun en contra de la voluntad del gobierno. Esto sobre la base de que el tercer principio del acuerdo establece: “El acuerdo deberá ser socializado mediante los procesos asamblearios desarrollados desde el mes de enero en todas las IES públicas del país, el resultado de dicho proceso será presentado ante la opinión pública el día 25 de enero y no se podrán, bajo ningún motivo, modificar los acuerdos registrados en la presente acta”.
Gracias al movimiento estudiantil un mundo está emergiendo y aquellos que buscamos otro de reemplazo podemos insistir en nuestras demandas. ¡Qué vivan los estudiantes! ¡Qué viva un gran paro nacional que amplíe los derechos a todos los campos sociales!